¿Qué hay detrás de la histórica y recién aprobada ley que vela por los derechos trans en Uruguay? 

En menos de 10 años Uruguay ha aprobado el matrimonio igualitario, la ley de adopción abierta a todas las parejas independientemente de su orientación sexual, y una ley de identidad de género; frutos de los colectivos LGBTQI que han luchado para conseguir la aprobación de un marco legislativo más ambicioso que incluye a las personas trans y tome medidas contra la discriminación sistemática que sufren a nivel educativo, laboral y sociosanitario. 

Antes de la aprobación del matrimonio igualitario en 2013, en 2007 ya se contaba con una ley de uniones de Unión Concubinaria que permitió igualar los derechos y obligaciones de las parejas heterosexuales y homosexuales que viven juntos por un plazo superior a cinco años (En México, el estado brasileño de Rio Grande do Sul y en tres regiones de Argentina (Buenos Aires, Villa Carlos Paz y la provincia de Río Negro) se cuentan con leyes de uniones de parejas del mismo sexo.

En 2009 una ampliación a la ley de Unión Concubinaria permitiría la adopción de parejas del mismo sexo, al dotar de facultades legales a los tutores, quienes a falta de padres biológicos, han tenido dificultades en la protección legal y completa de niños/as en ciertas situaciones. En resumen, un marco legislativo enfocado a beneficio de los derechos de todo tipo de familias. 

La exposición de motivos para la nueva Ley Integral para Personas Trans incluía un diagnóstico del estado actual de las personas LGBT basado en el Primer Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 que consta de 873 personas encuestadas y que develaban los mecanismos específicos de discriminación que vulneraban sus derechos humanos y el acceso a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  Ley Integral para Personas Trans: Exposición de motivos: 

“Las personas trans que habitan el territorio nacional han sido históricamente víctimas de estigma, discriminación y violencia social y estatal, lo que ha conllevado importantes dificultades para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que se considera imprescindible aprobar una ley integral que incluya una pluralidad de dimensiones y que permita atender en forma simultánea distintos problemas y exclusiones que interactúan en esta población tan duramente castigada y excluida, que conforman una realidad en sí misma diferente a cualquier otra y que necesita herramientas específicas para su superación”. 

Medias en contra de la discriminación 

La nueva ley contempla medidas como la reserva de 1% de vacantes en administración públicas; incentivos fiscales a empresas que contraten a personas trans; reserva de un cupo trans de 2% en becas estudiantiles y la consideración del colectivo trans como un grupo prioritario en los programas de acceso a la vivienda; garantizar el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativas o tener que someterse a una cirugía de reasignación de sexo. 

Reparación a las víctimas de la dictadura 

La ley también reconoce el proceso histórico y naturalizado de la violencia sufrida por  las personas trans durante la dictadura militar de 1973-1984, que permitía la detención de personas trans que eran trabajadoras sexuales. Al ser ilegal el comercio sexual callejero, las personas trans sufrieron una persecución sistemática por su identidad de género; largos periodos de detención, tortura, maltrato, violencia sexual y chantaje. Por lo que esta ley busca considerar la complejidad de la situación a través de una acción reparatoria al pequeño grupo de sobrevivientes. 

Estas medidas están basadas en los Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género.

Texto por Rodrigo Herrera, imagen vía Twitter.