La reciente reforma de la Guardia Nacional, que transfiere el control formal de un cuerpo policial creado originalmente con espíritu civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha generado inquietud entre personas usuarias de redes sociales y público en general, y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, incluidas aquellas enfocadas en los derechos de la comunidad LGBTTTI+. Uno de los principales motivos de preocupación es la creciente militarización de la seguridad pública, un enfoque que históricamente ha estado vinculado a un aumento en violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y agresiones.

“La reforma de la Guardia Nacional, que refuerza la militarización de la seguridad pública, es alarmante, especialmente para comunidades históricamente vulneradas como mujeres, personas defensoras y LGBTTTIQ+. Este enfoque ha estado vinculado a violaciones de derechos humanos y socava los esfuerzos por crear políticas inclusivas y de protección. Es crucial que se priorice un enfoque de seguridad basado en derechos humanos”.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México

Para la comunidad LGBTTTI+, que ya enfrenta discriminación y violencia tanto social como estatal, la militarización podría profundizar estos problemas. La Guardia Nacional ha sido objeto de numerosas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), incluidas denuncias de abuso de autoridad, lo que cuestiona su capacidad para proteger adecuadamente a grupos vulnerables como las personas LGBT. De acuerdo a Animal Político, en cinco años, la Guardia Nacional recibió 1,772 quejas por tortura, detención arbitraria y desaparición forzada. Entre las quejas contra la Guardia Nacional hay registros de detención arbitraria, tratos crueles e inhumanos, tortura, y acciones que resultaron en la muerte de personas, incluyendo una mujer embarazada que viajaba con su pareja en Jalisco.

Además, la falta de un enfoque de derechos humanos en esta reforma podría entorpecer la creación de políticas inclusivas que protejan a las mujeres y las personas LGBTTTIQ+ de la violencia y discriminación. Esto agrava los desafíos existentes en el acceso a la justicia y la seguridad para las personas LGBTTTI+. Organizaciones advierten que esto representaría una amenaza a los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres y niñas. Desde el 2018 y hasta abril de 2024, la Guardia Nacional (GN) acumula mil 912 denuncias por violaciones a Derechos Humanos en México desde el 2018 hasta abril de 2024, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consultados por La Cadera de Eva, vía transparencia.

Foto: Gobierno de Jalisco

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) realizada por el INEGI, registró denuncias de mujeres que afirman haber vivido violencia sexual por parte de las Fuerzas Armadas en comparación de los hombres. De las personas que se encontraron privadas de la libertad, 48.6% mencionó haber sufrido algún tipo de agresión física antes de llegar al Ministerio Público. 15.5% de la población de mujeres que sufrió agresiones físicas señaló haber recibido agresiones sexuales por parte de la autoridad que la detuvo.

En febrero de 2023, El Universal publicó que en la última década, la Secretaría de la Defensa suma 560 denuncias por diversos delitos de esta índole cometidos contra elementos de la institución y que a cuatro años de su creación Guardia Nacional tiene 60 quejas de delitos sexuales entre los que destacan abuso, hostigación y violencia sexual. La secretaría de la defensa nacional acumula 560 quejas por violación, hostigamiento, acoso y abuso sexual. La sedena ha dio a conocer que en cuatro años del sexenio de AMLO de 2019 a 2022 tuvo 191 quejas por violencia sexual, 76 por hostigamiento, 42 por acoso, 44 por abuso y 29 por violación, la Fiscalía general de justicia militar detalló que en ese periodo abrió 98 carpetas de investigación. En otra solicitud de información, la Sedena informó que de 2013 a 2018 atendió 369 quejas por violencia sexual y la fiscalía general de Justicia militar abrio 125 carpetas de investigación durante el sexenio de Peña Nieto.

Esta reforma, lejos de resolver problemas de seguridad, podría poner en mayor riesgo a poblaciones ya vulnerables, como lo han señalado organizaciones como Amnistía Internacional y diversas ONGs mexicanas.

Fotografía de portada France Robert.