A Mireya Rodríguez Lemus la mataron en su casa, como a casi 4 de cada 10 personas LGBTQI+ asesinadas en los últimos 6 años, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTQI+ (Informe 2020). El asesinato de Mireya fue noticia nacional por la visibilidad del caso: fundó Unión y Fuerza de Mujeres Trans, organización chihuahuense que vela por proteger los derechos de trabajadoras sexuales y mujeres trans de la ciudad.

Los transfeminicidios como el de Mireya no son sólo producto del clima de violencia que impera en nuestra entidad (más de 9 mil asesinatos en la gestión de Javier Corral, desde diciembre de 2016), sino también del discurso de odio que emana desde puestos públicos y desde las iglesias católicas y evangélicas (estas últimas con un fuerte involucramiento en política durante los años recientes).

El estado de Chihuahua se ha mantenido entre el segundo y tercer lugar en asesinatos de personas LGBTQI+ de todo el país, según datos de Letra ese, lo que convierte a esta tierra en uno de los peores lugares para ser parte de la diversidad sexual.

La discriminación se vive todos los días en la calle, en los centros comerciales, en los parques. Para muchas mujeres trans, la violencia comienza desde el momento en que ponen un pie afuera de su casa. Es intolerable que en casos como el de Mireya, ni siquiera su hogar haya sido un lugar seguro.

Pese a los avances que se tienen, la violencia contra nuestra comunidad no termina. En Chihuahua es posible realizar la adecuación de identidad de género en el acta de nacimiento y celebrar un matrimonio igualitario sin necesidad de amparo, gracias a años de trabajo de organizaciones locales que no quitaron el dedo del renglón hasta obligar al estado a respetar estos derechos. Sin embargo, ninguno de estos logros está respaldado por la ley, lo que deja en manos de quien ostente el poder ejecutivo en el siguiente periodo el mantener el acceso o poner todas las trabas que puedan.

El ambiente político es adverso para la comunidad LGBTQI+: en el marco del Día Internacional contra la homofobia, una regidora local expresó en su cuenta de Facebook un discurso de odio y de apología a las terapias de conversión, sin recibir ninguna consecuencia directa por sus actos.

Ahora, el impulso de leyes como el Pin Parental pone en riesgo grave a niños, niñas y adolescentes LGBTQI+ que no recibirán en la escuela lo más mínimo: una mención (tan siquiera) de que tener una orientación distinta a la heterosexual o ser una persona trans está bien y es completamente normal.

Por el contrario, se quedarán con la palabra de padres y líderes religiosos LGBTfóbicos que buscan impedir el acceso a la educación sexual integral.

El enojo que provoca el atroz asesinato de Mireya Rodríguez Lemus se verá reflejado sin duda en manifestaciones y reclamos a la autoridad, que ahora está muy ocupada en acomodar sus piezas para las elecciones de 2021. El panorama es desalentador, pero no podemos dejar que este enojo nos paralice. No vamos a retroceder un solo paso en la lucha contra la transfobia, la lesbofobia la bifobia y la homofobia. Se lo debemos a Mireya, a Patsy Andrea y a todas las personas de nuestra comunidad que han sido víctimas de este estado asesino y la impunidad.