Foto de portada: velorio de Jade Camila Díaz, líder activista transgénero salvadoreña, la 47º persona trans asesinada en El Salvador sin que se haya dictado una sola condena desde 2005, cuando el gobierno de ese país reforzó leyes contra los crímenes de odio (Human Rights Watch).

A propósito de la fecha que recuerda a aquellas personas víctimas de la transfobia, hacemos un repaso por los temas que requieren atención urgente en materia de derechos humanos en México, el segundo país de Latinoamérica con mayores índices de violencia contra la comunidad LGBTQI. 

Rita Hester estaba a punto de cumplir 35 años cuando fue asesinada en su apartamento de Boston. La policía la encontró con 20 puñaladas en el pecho la noche del 28 de noviembre de 1998. Su muerte conmocionó a la comunidad LGBTI de Estados Unidos, pero no tardó en saltar a los titulares con descripciones del tipo “un hombre que lucía trenzas largas y prefería ropa de mujer” o “alguien que vivía una doble vida”. 

Esa equivocada cobertura mediática de un crimen de odio hacia una mujer transexual afroamericana se convirtió en la punta de lanza para crear el Día Internacional de la Memoria Transexual, el 20 de noviembre. Lo que empezó como una vigilia en su honor hace 21 años hoy es un evento que se conmemora de manera simultánea en varios lugares del mundo para recordar a aquellas personas que han sido víctimas de la transfobia. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos por visibilizar esta problemática, la intolerancia y la violencia hacia aquellos seres humanos cuya expresión de género no se ajusta a los roles tradicionales sigue cobrando cientos de víctimas al año. En Latinoamérica, particularmente, Brasil y México encabezan la lista de países donde se presentan los índices más altos de violencia contra gays, lesbianas y transexuales. En Brasil una persona transexual tiene una esperanza de vida de 35 años, mientras que en México el sexenio pasado sumó 473 asesinatos de personas LGBTI. Las víctimas más comunes de estos crímenes fueron las mujeres trans, con 261 casos. 

Para entender el panorama completo basta hacer un repaso por el reciente Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la situación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México. Una vez más salieron a relucir la discriminación y el rechazo, fenómenos que ponen a este colectivo en mayor riesgo de sufrir enfermedades físicas y mentales, además de otras condiciones como aislamiento social, pobreza y mortalidad prematura. 

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) respaldan esos hechos, pues el 72 por ciento de la población encuestada entonces consideraba que los derechos de las personas trans se respetan poco o nada. El 66 por ciento se pronunció de la misma manera sobre las personas gay y lesbianas. Lo preocupante es que la discriminación empieza en una etapa temprana, desde el colegio, pues la mitad del estudiantado que se identifica como parte de la comunidad LGBTI ha sufrido algún tipo de acoso escolar de sus compañeros de clase e incluso del personal docente. 

En términos de atención a víctimas, la discriminación también lidera la lista de denuncias presentadas ante las autoridades competentes, seguido de homicidio y lesiones. Estos datos provienen de solo 18 procuradurías y fiscalías generales estatales que le entregaron a la Comisión información sobre investigaciones en curso relacionadas con la población LGBTQI para la elaboración del reporte. Sobre el acceso a la justicia hay que recordar que la mayoría de los asesinatos denunciados difícilmente se investigan como crímenes de odio (apenas 10 por ciento de estos siguieron esa línea entre 2013 y 2018), según la organización Letra Ese.     

Entre las conclusiones del reporte de la CNDH vale la pena destacar el llamado urgente que hace para poner en práctica el reconocimiento normativo de los derechos humanos de las personas LGTBTQI a través de la creación de políticas públicas que prevengan y eliminen cualquier forma de discriminación. La Comisión además insiste especialmente en la necesidad de erradicar la violencia contra la comunidad trans.

Sumado a la violencia desproporcional que viven las personas trans en nuestro país y la región, la violencia institucional. sistemática y estructural que viven todos los días se erige como obstáculo para el disfrute de una vida digna, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y el acceso a la justicia. En junio de este año la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX emitió la Recomendación 02/2019 a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) por la falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género en la investigación del transfeminicidio de Paola Buenrostro asesinada en septiembre de 2016; el primer transfeminicidio reconocido en la CDMX. Hace tres años, un hombre le disparó a Paola a bordo de un vehículo y confesó que la había matado tras escuchar su voz y descubrir que era una persona transexual. Con la resolución de los casos de crímenes de odio de personas en función de su identidad de género, así como los planes de reparación, las acciones afirmativas de parte de las instituciones (como la actualización de marcos jurídicos para la intervención pericial y protocolos), y a los perpetradores enjuiciados se reconocen estas violaciones de derechos humanos y se da un mensaje claro de que los asesinatos a personas trans no quedarán impunes. 

Han pasado dos décadas desde que el nombre de Rita Hester empezó a movilizar a miles de personas alrededor del mundo en contra de la transfobia y cada vez se siguen sumando nuevas víctimas como ella. A pesar del impacto mediático que sigue generando su caso, reabierto en 2006 por la Policía de Boston, este ni siquiera ha sido resuelto. La impunidad, otro frente abierto en este Día Internacional de la Memoria Trans.    

– Redacción The New Gay Times

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