Texto por Rodrigo Herrera y fotografías de Haarón Álvarez

Activistas y organizaciones por los derechos LGBTQI+ han pedido una investigación diferenciada y especializada en el caso de asesinato de Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

En la mañana de hoy 13 de noviembre, medios locales reportaban con información de la Fiscalía del Estado la noticia de que le magistrade Jesús Ociel Baena se encontró sin vida en su domicilio junto conotra persona. Horas más tarde, se confirmó que quien le acompañaba era su pareja sentimental, al mismo tiempo que periodistas y medios compartían en redes sociales imágenes sangrientas de la escena del crimen filtradas por un periodista de Aguascalientes. El asesinato se calificaría como un “crimen pasional” a consecuencia de esas imágenes, en una cascada de comentarios denigrantes relacionados con su sexualidad, orientación e identidad por cuentas de periodistas, comunicadores, medios de comunicación, trolls y usuarios de las redes sociales. 

En medio de memes y capturas de pantallas sobre la cobertura sesgada de los hechos y de noticias de crímenes pasados, horas más tarde, medios nacionales publicarían los avances de la fiscalía en la investigación con información de su conferencia de prensa y entrevistas que se han dado a medios, con detalles precisos sobre las líneas de investigación, contextos de la escena de crimen, el contenido de las cámaras de seguridad y hasta posibles motivos “emocionales”. 

Foto: Haarón Álvarez/The New Gay Times

A Baena le asesinaron en su propia casa como fue Mireya Rodríguez Lemus activista trans en Chihuahua en 2020, y como a casi 4 de cada 10 personas LGBTQI+ según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTQI+, en su informe de 2020. Su asesinato se suma a más de 453 muertes violentas de personas LGBTQI+ en los últimos cinco años (Letra S, 2022), razón por la que en redes sociales se convocó a las 7pm en Estela de Luz, en Ciudad de México a un acto de memoria de le magistrade y la exigencia de una investigación clara. La impunidad de las muertes violentas de personas LGBTQI+  envía un fuerte mensaje a la sociedad de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia. 

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes a través de un comunicado exigió a las autoridades del Estado el acceso a la verdad y la justicia y una investigación conforme a protocolos vigentes que incorporen la perspectiva de orientación sexual y de identidad de género.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a una investigación meticulosa y a analizar la violencia por prejuicio que sistemáticamente sufren las personas LGBTQI+. 

Foto: Haarón Álvarez/The New Gay Times

Le magistrade Jesús Ociel Baena era una de las figuras LGBTQI+ más visibles en el país y quien recibía amenazas de muertes y mensajes de odio diariamente. El pasado 15 de junio, Ulises Salvador Nava Juárez, activista LGBTQI+ y funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero fue asesinado a plena luz del día en las afueras del Museo Descubre en la ciudad de Aguascalientes al salir de un congreso donde se reunieron activistas LGBTQI+ de todo el país, incluyendo a Baena. 

“Posiblemente iban por alguien más, de todas las personas que estábamos ahí pudimos haber sido esa víctima, pudo haber sido Salma (Luévano), pudo haber sido alguna otra persona de otro estado, de Baja California, pude haber sido yo, eso es muy lamentable (…) exigimos justicia ayer nos reunimos con el fiscal, estamos esperando que den con los responsables, pero no vamos a dejar de callar hasta que la vida de Ulises que no haya sido en vano su muerte y que se haga justicia por el trágico acontecimiento en la tierra de la gente buena”.

– Comentó para un medio local, el Metropolitano.  

Foto: Haarón Álvarez/The New Gay Times

Un crimen de odio es un crimen social 

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQI+ define los crímenes de odio como comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no. Baena tenía inscripción en el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con adscripción a la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, por lo que activistas y defensorxs de derechos LGBTQI+ han pedido que se investigue como crimen de odio. 

Foto: Haarón Álvarez/The New Gay Times

Una de las más grandes problemática para poder prevenir los crímenes de odio son la impunidad, la cual se erige como obstáculo para el acceso a la justicia, el entorpecimiento en las investigaciones por prejuicios, y el no contar con datos armonizados y comparables para poder medir, analizar y prevenir la violencia (como lo hay en otros países de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas). 

En 2022 Letra S analizó 354 incidentes violentos o agresiones contra personas LGBTQI+ reportadas en la plataforma Visibles de Amicus, el 40.6% correspondían a agresiones verbales; 20.3% a agresiones físicas; 19.8% a agresiones psicológicas; 6.5% a agresiones sexuales; y por último, 2.8% a detenciones injustificadas.