Se trata del primer caso abierto y público de homofobia y serofobia de parte de una empresa denunciado en Puebla.

Carlos Escobar, extrabajador de la empresa Autobuses Estrella Roja, perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ quien por vivir con VIH fue discriminado en la empresa, denunció ante el ministerio público, pero se decidió no ejercer acción penal. Impugnó esa resolución, y su caso llegó a los tribunales.

El caso es abierto ahora por orden de la juez de control de la Región Judicial Centro, Rosario Ivón Rivera Calzada, quien dio al MP Sergio Ortíz hasta el 27 de mayo para revalorar las líneas de investigación, pruebas y enmendar las graves omisiones y violaciones del proceso legal de la denuncia 2772/2019/UVFYDG/LGBTTTIQI a la que previamente se había dado “Determinación de No Ejercicio de Acción Penal”.

Durante la audiencia, La Jornada describe que se hizo evidente que Sergio Ortiz, MP de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ fue ignorante a la perspectiva de género y a los protocoles que deben aplicarse en la investigación.

El caso se evaluará a partir del expediente que abrió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) CONAPRED/DGAQ/0134/DQ/19/I/PUE/Q0134 en la que se expone la brutal discriminación con base en la Constitución y a la luz de Tratados Internacionales

Los derechos violados son

• violaciones a la salud;
• a la permanencia en el empleo;
• a la confidencialidad de su condición de salud;
• a la igualdad real de oportunidades;
• así como a recibir un trato digno y respetuoso, con motivo de su preferencia sexual, su condición de salud y su apariencia física

Al final de la audiencia, el MP Sergio Ortiz recibió el ultimátum para que en cinco días hábiles se determine si ejerce acción penal contra los discriminadores y violentadores de Carlos Escobar, la pena por el delito de discriminación va uno a tres años de prisión.

Fuente: La Jornada de Oriente